La Comisión de Constitución y Justicia del Senado aprobó este miércoles 13 de mayo una propuesta de enmienda constitucional que pone fin a la posibilidad de reelección para los cargos ejecutivos en Brasil. La medida abarca a la presidencia de la República, las gobernaciones estatales y las alcaldías, con plazos específicos para su implementación. En el caso de los alcaldes, la restricción se aplicará a partir de las elecciones de 2028, mientras que para gobernadores y presidente, comenzará en 2030. La iniciativa deberá ser ahora sometida a debate y votación en el pleno del Senado.
El texto aprobado no solo prohíbe la reelección para esos cargos, sino que también propone ampliar la duración de los mandatos ejecutivos a cinco años. Esta misma regla se aplicará a los legisladores federales, estatales y distritales, así como a los concejales. Asimismo, después de un consenso entre los senadores, también se definió que el mandato de los senadores se reducirá de ocho a cinco años, aunque de forma gradual y con un período de transición. Por ejemplo, los senadores elegidos en 2026 seguirán con un mandato de ocho años; los elegidos en 2030 tendrán un mandato excepcional de nueve años; y a partir de 2034, los nuevos senadores tendrán mandatos de cinco años como los demás cargos.
Uno de los puntos más ambiciosos del texto es la unificación de todas las elecciones, tanto municipales como generales, en una única jornada electoral que se celebrará cada cinco años. La implementación de este nuevo calendario electoral también está prevista para 2034. Esta unificación tiene como principal objetivo la racionalización del proceso democrático y la reducción de los costos asociados a la realización de elecciones en años distintos.
El ponente del proyecto, el senador Marcelo Castro (MDB-PI), introdujo varias modificaciones a lo largo de la discusión, presentando hasta cinco versiones diferentes del texto original, que había sido propuesto por el senador Jorge Kajuru (PSB-GO). A pesar de las divergencias iniciales entre los parlamentarios, se logró llegar a acuerdos que permitieron la aprobación del texto en la comisión.
Uno de los momentos clave fue la decisión de reducir el mandato de los senadores, algo que en un inicio no estaba previsto. La versión original del relator proponía extender el mandato a diez años, pero tras un acuerdo con los senadores Carlos Portinho (PL-RJ) y Eduardo Girão (Novo-CE), se optó por la reducción a cinco años. Con ese cambio, las elecciones al Senado se transformarán por completo, y las tres plazas por estado serán renovadas simultáneamente cada cinco años, reemplazando el actual sistema que alterna la renovación en tercios y dos tercios cada cuatro años.
El período de transición también prevé excepciones. Por ejemplo, un presidente o gobernador elegido en 2026 aún podrá postularse a una reelección en 2030, pero ya no lo podrá hacer si se presenta por primera vez en ese mismo año. Lo mismo aplica para los alcaldes electos en 2024, quienes todavía podrán presentarse en 2028 para un segundo mandato. Si resultan reelectos, podrían permanecer en el cargo hasta 2034, completando diez años en total.
Además, los cambios también afectarán la dinámica interna del Congreso Nacional. Con el aumento del mandato de los diputados a cinco años, la elección de los presidentes de la Cámara y del Senado también sufrirá modificaciones. Se establecerá una primera gestión de tres años y luego una de dos años, sin posibilidad de reelección consecutiva dentro del mismo período legislativo. Este modelo mantiene la restricción actual, pero adaptada al nuevo ciclo de cinco años.
Casos recientes como los de Arthur Lira y Rodrigo Pacheco, quienes estuvieron al frente de la Cámara de Diputados y del Senado por cuatro años, tras ser elegidos en legislaturas diferentes, podrán repetirse en el nuevo formato, permitiendo que futuros presidentes de las Casas legislativas acumulen hasta cinco años de gestión mediante una estrategia similar.
El texto aún necesita ser aprobado por el pleno del Senado en dos rondas de votación. Si obtiene el respaldo necesario, será remitido a la Cámara de Diputados para continuar su tramitación. Aunque se trata de una reforma profunda y ambiciosa, el camino legislativo aún no está completamente despejado, y se espera que genere intensos debates tanto dentro como fuera del Congreso.
