Durante el juicio en el Supremo Tribunal Federal (STF) que busca determinar si los integrantes del denominado “núcleo 3” deben convertirse en acusados formales por su implicación en un presunto intento de golpe de Estado en 2022, el ministro Alexandre de Moraes, quien actúa como relator del caso, manifestó su escepticismo ante la afirmación de que un alto mando militar pueda sentirse psicológicamente afectado por declaraciones de un delegado de policía.

En palabras del ministro, no existen pruebas de que eso haya ocurrido y le resulta difícil de creer que un general de cuatro estrellas pueda haber sido desestabilizado mentalmente por una observación proveniente de un agente de la Policía Federal. Esta declaración fue realizada en medio del análisis de las cuestiones preliminares del proceso, antes de que se entrara en el examen de fondo.

La intervención de Moraes se produjo como respuesta directa a los argumentos presentados por la defensa del general de reserva Estevam Teófilo, a quien la Policía Federal señala como uno de los que habría manifestado conformidad con una propuesta de ruptura del orden institucional tras las elecciones presidenciales. Sus abogados alegaron que uno de los delegados del caso habría intentado afectar emocionalmente a su cliente durante el curso del interrogatorio. Además, la defensa sostuvo que existieron irregularidades en el desarrollo de la investigación y denunció que no tuvieron pleno acceso al expediente durante la etapa de instrucción.

Las indagaciones apuntan a que este grupo específico, compuesto mayoritariamente por militares, tendría a su cargo la ejecución de medidas tácticas en el marco de un presunto plan para socavar la democracia. Parte de esas acciones incluirían presionar a los altos mandos de las Fuerzas Armadas para que respaldaran un quiebre institucional.

Los cargos formulados contra estos individuos incluyen tentativa de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, intento de golpe de Estado, pertenencia a organización criminal armada, daños calificados y deterioro de bienes públicos protegidos por el patrimonio histórico.

Dentro de este “núcleo 3” se encuentran once oficiales del Ejército y un miembro de la Policía Federal. Entre ellos figuran nombres como Bernardo Correa Netto, coronel arrestado durante la operación Tempus Veritatis; Cleverson Ney, coronel en retiro y exmiembro del Comando de Operaciones Terrestres; el propio Estevam Teófilo, quien fue jefe del mismo comando; y otros oficiales como Fabrício Moreira de Bastos, Hélio Ferreira Lima, Márcio Nunes de Resende Júnior, Nilton Diniz Rodrigues, Rafael Martins de Oliveira, Rodrigo Bezerra de Azevedo, Ronald Ferreira de Araújo Junior, Sérgio Ricardo Cavaliere de Medeiros y el agente federal Wladimir Matos Soares.

En concordancia con lo sucedido en los juicios de los demás grupos implicados, el presidente de la Primera Sala del STF, ministro Cristiano Zanin, reservó la mañana del día siguiente para continuar la sesión en caso de que no se lograra concluir en la jornada inicial.

Si la mayoría de los jueces de la Sala aceptan la denuncia presentada por la Procuraduría General, los señalados pasarán a responder formalmente en un proceso penal ante la Corte Suprema. La Primera Sala está integrada por los ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Cármen Lúcia, Luiz Fux y Flávio Dino.

Cabe recordar que en marzo ya se aceptó la acusación contra el “núcleo 1”, grupo que incluye al expresidente Jair Bolsonaro y a otras siete personas. En abril fue el turno del “núcleo 2”, integrado por seis individuos, entre ellos el exdirector de la Policía Rodoviaria Federal, Silvinei Vasques. Más adelante, en mayo, se presentó una nueva denuncia contra el “núcleo 4”, señalado por coordinar campañas de desinformación y ataques virtuales a autoridades e instituciones democráticas.

Por ahora, queda pendiente la evaluación de los acusados del “núcleo 5”, involucrados en actividades derivadas de la desinformación política. En total, son 34 los implicados en lo que se considera uno de los mayores escándalos de intento de ruptura institucional en la historia reciente del país.