El presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), está considerando la creación de un grupo de trabajo con el objetivo de elaborar una nueva propuesta de reforma administrativa. Su intención es que esta iniciativa marque su gestión al frente de la Cámara, dejando un legado institucional centrado en la modernización del aparato estatal.
Aunque no hay una fecha definida ni una expectativa clara de cuándo podría ser llevado el tema al pleno para su votación, la propuesta de Motta gira en torno a la reestructuración de los cargos públicos, la implementación de mecanismos más eficientes para la progresión en la carrera de los servidores, la mejora en los sistemas de evaluación de desempeño y una apuesta fuerte por la digitalización de los servicios públicos.
Diputados que siguen de cerca este tema señalan que la Propuesta de Enmienda Constitucional 32/20, discutida durante la administración de Jair Bolsonaro, no sería reutilizada en su totalidad. Sin embargo, hay quienes defienden la posibilidad de anexar las nuevas sugerencias a esa propuesta previa, con el fin de agilizar los trámites legislativos, ya que dicha PEC ya se encuentra técnicamente habilitada para ser debatida en el pleno.
Hugo Motta ha manifestado en diversas ocasiones su deseo de que la reforma administrativa se convierta en uno de los grandes hitos de su mandato, de manera análoga a lo que fue la reforma tributaria para Arthur Lira (PP-AL), o la reforma de las pensiones durante la presidencia de Rodrigo Maia (União Brasil-RJ).
Algunos parlamentarios han estado dialogando con Motta sobre el contenido y alcance de esta eventual reforma, y ya son mencionados como posibles integrantes del grupo de trabajo. Entre ellos se destacan Zé Trovão (PL-SC) y Pedro Paulo (PSD-RJ). El diputado catarinense ha mantenido, desde hace semanas, conversaciones con representantes del sector productivo y con entidades de clase para construir una propuesta viable que tenga respaldo social y político. Según él, el principal objetivo es transformar la estructura estatal para hacerla más ágil, menos burocrática y capaz de ofrecer mejores servicios.
En palabras del propio Zé Trovão, “el Estado necesita modernizarse de forma urgente. Una reforma administrativa que se apoye en la innovación, en la valorización de las personas y en una gestión pública eficiente es fundamental para asegurar que los ciudadanos reciban servicios de calidad, y para que el país avance hacia un modelo más justo, productivo y sostenible”.
También se barajan otros nombres para integrar el grupo de trabajo, como Pedro Campos (PSB-PE), Antônio Brito (PSD-BA) y Arthur Oliveira Maia (União Brasil-BA).
No obstante, aunque existe esta voluntad por parte de algunos sectores parlamentarios, aliados del gobierno han expresado que, por el momento, el tema no figura entre las prioridades de la base que respalda al presidente Luiz Inácio Lula da Silva. La evaluación interna es que hay otras propuestas más urgentes que deben avanzar antes, como la reforma del Impuesto sobre la Renta, que está siendo objeto de discusiones más intensas en este momento.
Además, algunos analistas y legisladores consideran que impulsar una reforma administrativa en este contexto podría tener un impacto negativo en la imagen del presidente, particularmente por tratarse de un año que antecede a un proceso electoral, donde se busca preservar el respaldo de sectores que podrían verse afectados por una reestructuración del Estado.
Incluso entre diputados que ideológicamente son favorables a una reforma administrativa, hay cierto escepticismo respecto a su viabilidad actual. La percepción generalizada es que, aunque necesaria, esta no sería la coyuntura más propicia para avanzar con un proyecto de este tipo.
