El Senado Federal dio luz verde el pasado martes 17 de mayo a una propuesta de enmienda constitucional que habilita a los estados y al Distrito Federal a legislar de manera autónoma en materia de protección y garantía de derechos para las personas mayores. La iniciativa, que fue aprobada sin ningún voto en contra, avanza ahora hacia su próxima etapa de tramitación en la Cámara de Diputados.
En la votación realizada en dos turnos, el texto obtuvo 57 votos favorables en la primera ronda y 55 en la segunda, consolidando un amplio consenso entre los senadores. Para el autor de la propuesta, el senador Wellington Fagundes (PL-MT), se trata de un paso fundamental en la construcción de una política pública más cercana y eficiente para los brasileños con 60 años o más.
El senador destacó que este avance representa un hito, ya que permitirá que los estados de la federación y el Distrito Federal actúen directamente en la formulación de normas y programas dirigidos a los adultos mayores, sin depender exclusivamente de las decisiones del gobierno federal. Según Fagundes, es necesario reformar y actualizar el conjunto de medidas que amparan a este grupo, especialmente en un contexto de rápido envejecimiento poblacional.
Cuando la propuesta fue evaluada en 2019 por la Comisión de Constitución y Justicia, el entonces relator del texto, el exsenador Lasier Martins (RS), ya había considerado acertada la idea de incluir explícitamente a los adultos mayores entre los grupos que pueden ser objeto de legislación concurrente por parte de la Unión, los estados y el Distrito Federal. Argumentó que la Constitución ya prevé esa competencia en relación con otros segmentos vulnerables de la sociedad, y que resultaba coherente extenderla formalmente al grupo de personas mayores.
Este debate cobra aún más relevancia frente a los datos demográficos más recientes. Según la última encuesta divulgada por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) en el segundo semestre de 2024, la población de adultos mayores en Brasil ha experimentado un crecimiento acelerado en los últimos 23 años. En el año 2000, se contabilizaban aproximadamente 15,2 millones de personas con 60 años o más; para 2023, ese número había aumentado a 33 millones, más del doble en poco más de dos décadas.
El envejecimiento de la población plantea nuevos desafíos para el Estado brasileño en términos de salud, asistencia social, accesibilidad, inclusión laboral y calidad de vida. La propuesta aprobada en el Senado busca justamente dar más herramientas a los gobiernos subnacionales para que puedan adaptarse a esa nueva realidad y desarrollar políticas públicas más eficaces, cercanas y específicas para este segmento que no para de crecer.
